AC4385-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2016-01859-00


Bogotá D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017).


Se decide la solicitud de amparo de pobreza presentada a favor del demandante.


  1. ANTECEDENTES


1.- Mediante apoderada, Astolfo Reyes García formuló recurso de revisión contra la sentencia proferida el 8 de abril de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso ordinario que adelantó a la Asociación Santandereana de Vivienda Popular “Aspovisan”.


2.- En escrito separado, la mandataria solicitó el auxilio en estudio, justificándolo en que su cliente no está “en capacidad para sufragar el pago póliza judicial” (sic).


3.- Examinado el poder con que obra la abogada, no se observa que contenga ninguna alusión a la figura invocada.


II.- CONSIDERACIONES


1.- Como el presente asunto fue radicado el 27 de junio de 2016 (fl. 44, cuaderno 1), se le aplican integralmente las normas del Código General del Proceso vigente plenamente desde el 1º de enero de ese año.


2.- De conformidad con artículo 151 del citado estatuto,  el amparo de pobreza se concederá “…a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso”.


3.- Para tal fin, el interesado debe manifestar bajo juramento que se encuentra en las condiciones señaladas, y “si se trata de demandante que actúe por medio de apoderado, deberá formular al mismo tiempo la demanda en escrito separado”.


4.- Al interpretar dichas disposiciones, la Corte ha estimado que la solicitud de amparo de pobreza tiene que elevarse directamente por el afectado, máxime que formularla no está dentro de aquellas facultades a las que se extiende el poder para litigar conforme el artículo 77 ídem.


Al respecto, en vigencia de dicha normatividad la Sala ha predicado que


(…) lo cierto es que las normas adjetivas exigen que sea la parte, directamente, quien ponga al tanto de su delicada situación financiera al Despacho. Tal requisito no se cumple cuando se afirma por el apoderado que la demandante «se encuentra en una situación de postración económica» (CSJ AC3550-2016).


Y en esa ocasión recordó que en AC, 30 de enero de 2009, rad. 2008-01758-00, citado en AC 13 nov. 2014, rad. 2014-02105-00, se señaló


Es claro que la solicitud de amparo tiene que formularse por la persona que se halla en la situación que describe la norma y que, además, debe hacer dicho aserto bajo la gravedad del juramento. En este caso, se observa que no fue la impugnante quien presentó el pedimento para que se le concediera el referido beneficio procesal y mucho menos quien hizo la afirmación de estar en difícil situación económica bajo los apremios del juramento, sino su vocero judicial al que el legislador no le confiere tal facultad, toda vez que le pertenece a la parte exclusivamente y cuyo ejercicio no puede ser sustituido por aquél.


5.- Así las cosas, en el presente caso no se satisfacen las exigencias para otorgar el beneficio suplicado, por cuanto la afirmación de encontrarse en la precaria situación económica no la formula el actor, conforme se ha señalado anteriormente, sino su apoderada quien ni siquiera cuenta con facultades para ese fin. 


6.- Adicionalmente, se observa que la petición se sustenta en que el peticionario no se encuentra en “capacidad para sufragar el pago de la póliza judicial…”.


Sin embargo, el Código General del Proceso no prevé la necesidad de prestar caución para tramitar el recurso de revisión, a diferencia de lo que exigía el inciso primero del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil.


De tal forma que al no requerirse que el demandante satisfaga la carga que se apoya la reclamación de amparo de pobreza, tampoco es procedente conceder el mismo.


7.- Así las cosas, no se accederá el auxilio suplicado, sin que proceda la sanción contemplada en el inciso segundo del artículo 153 ejusdem, puesto que no se trata de una actuación de mala fe, sino carente de los presupuestos establecidos en la ley.


Sobre este particular, en la misma providencia reseñada inicialmente, la Corte sostuvo que no hay lugar la multa, “en atención a que no se trata de un ardid sino que la solicitud no se ajusta a las exigencias legales, por lo cual no resulta procedente extender ningún efecto adverso”.


III-. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil,


RESUELVE


       NEGAR el amparo de pobreza solicitado a favor de Astolfo Reyes García.


Notifíquese

       (2)



ALVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Magistrado